El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, ambos investigados por el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo, La Libertad.

La decisión fue adoptada por el juez Eduardo Medina Carrasco, del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Turno de Trujillo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó evidencias, entre ellas videos hallados en los teléfonos de los investigados, además de información sobre presuntas coordinaciones vinculadas con las actividades ilícitas que se les atribuyen. También solicitó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.

La prisión preventiva rige desde el 1 de septiembre de 2026, fecha en que ambos fueron intervenidos en Bolivia, y se extenderá hasta el 1 de septiembre de 2029.

Los abogados defensores de los investigados expresaron su conformidad con la decisión judicial. Entretanto, la audiencia continúa respecto a los demás implicados en el caso.

Se ha dispuesto su traslado a Lima. En su reemplazo vendrá el también general Eric Ángeles Puente.

El Gobierno ha dispuesto la reasignación de veintitrés altos mandos de la Policía a nivel nacional, «por necesidad de servicio». En la lista figura el general Ricardo Espinoza Cuestas, actual jefe de la Región Policial La Libertad.

Según la Resolución Suprema 234-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano, Espinoza asumirá un nuevo cargo en Lima, específicamente en la Dirección de Inteligencia de la Dirincri.

Su reemplazo en La Libertad será el también general Eric Waldir Ángeles Puente, quien se ha venido desempeñando como jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.

El Tribunal Departamental de Ética dispuso la suspensión por 45 días del ingeniero Luis Solís Alcalde. El Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de La Libertad respaldó la medida, pero apeló ante una instancia nacional, lo que mantiene en suspenso el inicio de las investigaciones.

El Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental La Libertad (CIP-CDLL) tiene entre sus funciones brindar servicios de peritaje y valuación con idoneidad, eficiencia, transparencia y rigor técnico. Sin embargo, actualmente afronta cuestionamientos relacionados con su gestión y funcionamiento.

En ese contexto, el Tribunal Departamental de Ética del CIP-CDLL dispuso la suspensión temporal, por 45 días, de su presidente, el ingeniero Luis Solís Alcalde, como medida provisional para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La decisión está relacionada con el Expediente N.° 005-2026-TDE-CIP-CDLL, que comprende presuntas irregularidades en la gestión y supervisión de un servicio pericial solicitado inicialmente por el ingeniero Edgar Cruz Tandaypan y encargado al perito Juan Francisco Cruz Nicasio.

OFICIO N° 020-2026-TDE-CIP-CDLL suspensión temporal Ing. Luis Solis- Presidente PERITAJE

resolucion n26_0001

Según el Oficio N.° 020-2026, el Tribunal señala que adoptó la medida tras advertir, de manera preliminar, “circunstancias objetivas” que justificaban su aplicación. El documento precisa que el objetivo es evitar que, durante la investigación, puedan verse comprometidas la objetividad, independencia, integridad o eficacia de las diligencias.

“El Centro de Peritaje representa un espacio donde la ingeniería debe estar vinculada permanentemente con principios como la imparcialidad, la transparencia y la rigurosidad técnica. Por ello, cualquier situación que genere cuestionamientos sobre la conducción institucional debe ser abordada con seriedad, responsabilidad y apertura”, sostuvo el ingeniero Edson Ardiles Vásquez, quien expresó su preocupación por la decisión de no ejecutar, hasta el momento, lo dispuesto por el Tribunal de Ética.

La situación cobra especial relevancia por la función que cumple el Centro de Peritaje, que reúne a ingenieros especializados y elabora informes técnicos que pueden ser utilizados para resolver controversias y atender consultas. Por ello, los cuestionamientos sobre la conducción de sus procedimientos podrían afectar la confianza en los servicios que brinda.

Mientras tanto, también se plantea que el caso sea abordado dentro de los mecanismos institucionales correspondientes y que se esclarezcan las presuntas irregularidades antes de trasladar la controversia a otras instancias, como el Tribunal Nacional de Ética. El objetivo central, según los cuestionamientos planteados, debe ser determinar los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.