Esta actividad envenena afluentes con mercurio, destruye bosques y pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas, mientras el Congreso trabaja en una ley que podría facilitar estas actividades.

Para el director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), Yury Pinto, la minería ilegal es una de las principales amenazas en el país, porque destruye bosques y ecosistemas, y arriesga el acceso de agua de millones de familias.
De esa minería ilícita que contamina los ríos con mercurio se habló en el Foro del Agua, realizado como parte de PERUMIN 37. Pinto señaló que solo en las últimas dos décadas se vertieron más de 3 000 toneladas de este metal pesado en cuerpos de agua.

“El daño es tal que no se puede hablar de formalización cuando se trata de operaciones en cabeceras de cuenca o fuentes hídricas, donde la minería está prohibida por ley. La minería ilegal disfrazada de informalidad es una amenaza directa para la sostenibilidad del país”, expuso Pinto.
Eso coincide con lo señalado por la lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, quien advirtió que los habitantes de las comunidades de Madre de Dios tienen que caminar una hora para encontrar agua limpia, porque los ríos están contaminados con mercurio. “Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse, porque la piel se les llena de ronchas”, contó Teresita en un seminario de hace tres semanas. En ese evento también se señaló que alrededor de cuatro millones de personas podrían ver comprometido su acceso al agua.
Y si de bosques destruidos hablamos, Pinto recordó que hasta 2014 se habían perdido alrededor de 100 mil hectáreas a causa de las actividades de minería ilegal. Sus efectos —dijo— son irreversibles cuando se contamina el agua y se destruye la Amazonía, pero además afectan directamente a la agricultura, la pesca y la biodiversidad.

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La postura del funcionario se contrapone, por lo menos en el discurso, a las propuestas del predictamen de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) del Congreso. Algunos artículos de esta norma facilitarían la minería en cuerpos de agua. Para ser más precisos, si la ley se aprueba como está planteada permitirá, por ejemplo, la formalización de operaciones en yacimientos ubicados en cauces, terrazas o abanicos aluviales; operaciones de minería aluvial o extracción de materiales acumulados en álveos o cauces de ríos; además de la posibilidad de formalizar actividades en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas.

Pinto también señaló que el Gobierno aprobó una estrategia nacional contra la minería ilegal, con seis objetivos prioritarios: fortalecer la fiscalización, reducir la comercialización de minerales de origen ilícito, mejorar la coordinación institucional y sancionar al crimen organizado que se beneficia de esta actividad.

La minería ilegal, además de ser una amenaza ambiental, también atenta contra la salud pública porque compromete el acceso al agua de miles de peruanos. Mientras se discuten normas que podrían abrirle más espacio a esta actividad ilícita, expertos y líderes indígenas coinciden en que no se puede hablar de formalización donde hay destrucción.

En La Libertad, la minería ilegal no solo está destruyendo cerros y montañas en busca de oro, sino que está envenenando los ríos que sostienen la vida. Desde el río Moche hasta el Marañón, pasando por las quebradas de Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, el impacto de la minería ilegal ha alcanzado niveles alarmantes, según diversos informes del Ministerio del Ambiente (Minam), OEFA y organismos de derechos humanos. El costo humano y ecológico es cada vez más evidente.

El caso más crítico es el del río Moche, un afluente vital que atraviesa los valles agrícolas de Trujillo. Según estudios del SENAMHI y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las aguas del Moche contienen altos niveles de metales pesados como arsénico, plomo, cadmio y mercurio, muy por encima de los límites permitidos por la OMS. Estos contaminantes provienen en gran parte de pasivos ambientales mineros, pero también —y cada vez con más fuerza— de actividades ilegales río arriba. Las cabeceras de cuenca de esta región —como Callacuyán, Parcoy, Pataz y Quiruvilca— han sido tomadas por mineros ilegales que instalan plantas de procesamiento clandestinas, perforan el suelo sin ningún control ambiental, y arrojan relaves directamente a los cursos de agua.

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El abogado especialista en temas ambientales, César Ipenza Peralta, lanzó una dura advertencia sobre la crisis ecológica que desata la minería ilegal en el Perú, señalando la filtración de información desde autoridades locales hacia mafias mineras, lo que les permite eludir los operativos policiales y continuar destruyendo ecosistemas de alto valor biológico en regiones como La Libertad y Huánuco.

“Los mineros terminan enterándose de los operativos antes de que lleguen las autoridades. Mueven sus máquinas y se refugian en comunidades donde incluso algunos líderes locales los protegen”, denunció Ipenza.

Según explicó, esta práctica —que se repite en varias zonas del país— refleja el grado de descomposición institucional y la ausencia de control efectivo del Estado frente a la expansión de la minería ilegal, un fenómeno que combina intereses económicos, corrupción local y complicidad social.

El abogado indicó que las operaciones ilegales más críticas se desarrollan actualmente en Pataz, en la sierra de La Libertad, y en Panguana, provincia de Huánuco, donde unas 35 maquinarias pesadas provenientes de Pucallpa y Oxapampa trabajan día y noche en busca de oro. “Estas máquinas arrasan bosques, destruyen los cauces de los ríos y contaminan con mercurio. El daño al ecosistema es irreversible”, alertó.

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Ipenza explicó que las mafias mineras pagan hasta 30 mil soles por cada máquina para operar bajo protección local. “La comunidad Pampas Verdes respalda la operación, movilizándose incluso para impedir las intervenciones policiales”, denunció.

En tanto, la científica Juliane Koepcke, recordada por ser la única sobreviviente del accidente aéreo del vuelo 508 de LANSA en 1971, denunció que la reserva Panguana está siendo invadida y destruida todos los días.

“El río Yuyapichis está muerto. El agua tiene un tono turquesa por el mercurio, ya no hay peces ni fauna. Panguana es un santuario científico de más de 60 años que está desapareciendo”, alertó.

Koepcke, de nacionalidad peruano-alemana, resaltó que el alza del precio del oro ha agravado la situación en los últimos tres años, atrayendo a mineros ilegales desde Madre de Dios, Pasco y Ucayali.

Hasta el momento, se han presentado cinco denuncias penales con placas de vehículos y responsables identificados, sin embargo, las investigaciones no avanzan. Los directores de la Estación Biológica han denunciado además amenazas de muerte por parte de las mafias extractivas.

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“La ley permite incautar equipos y procesar a sus dueños, pero los operativos son débiles y sin resultados. La semana pasada hubo dos intervenciones: la policía llegó, pero los mineros ya se habían retirado. A las pocas horas volvieron a operar”, relató Ipenza.

La falta de acción oportuna está permitiendo que los ecosistemas amazónicos sean arrasados, afectando no solo la biodiversidad, sino también las comunidades nativas y la seguridad ambiental del país.

Para Ipenza, el Estado peruano debe asumir un liderazgo firme y sostenido contra la minería ilegal, garantizando presencia militar, protección a defensores ambientales y coordinación interinstitucional real.

“Sin control, sin recursos y con autoridades que filtran información, la lucha está perdida. El Perú necesita una estrategia ambiental de largo plazo, con sanciones ejemplares y presencia efectiva en el territorio”, afirmó.

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El Gobierno aprobó el reglamento del Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario (SECIGRA Agrario), una iniciativa que permitirá que estudiantes y egresados de carreras agrarias a realizar prácticas profesionales en el campo. Esta experiencia formativa, de carácter voluntario, busca que los jóvenes apliquen sus conocimientos, ganen experiencia en contextos reales y apoyen directamente a los productores agrarios del país.

El SECIGRA Agrario fue creado por la Ley N.º 31410 en el año 2022, con el objetivo de fortalecer la formación profesional de jóvenes vinculados al sector agrario. A través de este servicio, que tiene una duración de un año académico, los participantes se integrarán a instituciones del sector público o a entidades relacionadas con la actividad agraria.

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La norma fue rubricada por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Angel Manero y otros ministros.
Durante este periodo, los estudiantes y egresados podrán participar en actividades de extensión agraria, transferencia de tecnología, investigación e innovación. Además, tendrán contacto directo con las comunidades rurales, lo que permitirá una mejor comprensión de la realidad del campo y de las necesidades de los productores.

Podrán postular, inscribirse y cubrir una vacante en el SECIGRA Agrario, los estudiantes del último año de carreras vinculadas al sector agrario. Esto incluye a quienes cursen el último año de estudios, estén en el año de ejecución del SECIGRA, ingresen a su último o penúltimo ciclo con carga académica completa, o hayan aprobado los créditos que, según su universidad, equivalgan a estas condiciones.

Asimismo, podrán participar los egresados de facultades agrarias, incluyendo aquellos con grado de bachiller, siempre que no haya transcurrido más de un año desde su egreso y la obtención del grado académico.
Será responsabilidad de las universidades verificar que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos.

Con la entrada en vigencia del reglamento, se abre el camino para la implementación del programa a nivel nacional, lo que representa una oportunidad clave tanto para los jóvenes profesionales como para el fortalecimiento del sector agrario peruano.

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Asimismo, el SECIGRA Agrario se convalida en función a su duración por el periodo mínimo de tres (3) meses de prácticas preprofesionales para la obtención del grado de bachiller, y se acredita con el certificado o constancia expedido por la autoridad competente. La convalidación se amplía hasta por dos (02) años de prácticas preprofesionales, previa aprobación de la autoridad competente.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego implementará el SECIGRA Agrario de forma progresiva.

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