Un reciente estudio del Centro Wiñaq, basado en encuestas y grupos focales de Datum Internacional, ha revelado una dura verdad: la mayoría de los peruanos percibe la minería ilegal como una actividad ligada al crimen organizado, la corrupción política y la destrucción ambiental.
Pese a este contundente rechazo ciudadano, en el Congreso de la República se han presentado tres proyectos de ley que buscan ampliar nuevamente el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo que —según diversos especialistas— termina sirviendo como escudo para encubrir operaciones ilícitas.
El informe de Wiñaq muestra que más del 70 % de los peruanos considera que la minería ilegal afecta directamente la seguridad, la salud pública y el medio ambiente.
Además, un 51 % respalda que se establezca un último plazo definitivo para el Reinfo, mientras que un 34 % exige el cierre inmediato de todas las operaciones ilegales, sin más extensiones.
“La minería ilegal no solo destruye los ríos y los bosques, sino que también trae violencia, trata de personas y corrupción en las instituciones”, concluye el estudio en base a los testimonios recogidos en el norte, sur y Lima.
El documento resalta que esta percepción es transversal a las regiones mineras: en Puno, Madre de Dios, Cajamarca y La Libertad, los ciudadanos asocian la minería ilegal con pérdida de control estatal y expansión del crimen organizado.
A pesar del rechazo social, el Congreso ha vuelto a priorizar proyectos para extender el Reinfo hasta el año 2029. Según Wiñaq, esta posición tiene un alto costo político: más del 70 % de los encuestados cree que los congresistas que apoyan la minería ilegal están vinculados a intereses corruptos o reciben financiamiento del sector informal.
El estudio advierte que muchos legisladores sobrestiman el apoyo ciudadano a la minería informal y subestiman el desgaste electoral que implica defenderla.
“La población ya no ve la minería ilegal como una actividad económica de subsistencia, sino como un problema estructural que amenaza la seguridad, la democracia y el medio ambiente”, concluye el informe.
Una de las pocas congresistas que ha expresado su oposición a las ampliaciones del Reinfo es Diana Gonzales, quien criticó la pasividad del Ejecutivo, especialmente de los ministerios del Ambiente y Agricultura, por no pronunciarse sobre la gravedad del tema.
“Es inconcebible que mientras se habla de desarrollo sostenible, se pretenda reincorporar a 50 mil mineros que no cumplieron con su formalización. Esto no es apoyar la economía popular, es perpetuar la ilegalidad”, señaló la parlamentaria.
Gonzales también cuestionó que la Comisión de Energía y Minas del Congreso priorice la discusión sobre la prórroga del Reinfo en lugar de debatir una nueva Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que establezca mecanismos reales de formalización, con enfoque ambiental y comunitario.
El Centro Wiñaq advierte que la minería ilegal no solo destruye ecosistemas y genera violencia, sino que ha penetrado en estructuras políticas y económicas locales, afectando la gobernabilidad en regiones como Pataz, Madre de Dios, Arequipa y Piura.
El informe concluye que mantener abierto el Reinfo equivale a legitimar un modelo extractivo sin control, que evade impuestos, corrompe autoridades y desangra los territorios con contaminación y muerte.