MÁS AL CALABOZO

Otros dos adolescentes, de 16 y 17 años, vienen siendo como procesados como adultos en La Libertad: esta semana les dictaron nueve meses de preventiva por su presunta participación en un atentado con dinamita. Se trata del segundo caso de menores detenidos bajo los alcances de la nueva Ley 32330, que los declara imputables penalmente si cometen delitos graves como extorsión, asesinato o violación sexual.

El caso por el cual los investigados han sido enviados a la cárcel ocurrió a inicios de semana, en la ciudad de Julcán. Un trabajador de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) fue víctima de un atentado con explosivos, hecho que remeció a la comunidad y desencadenó una investigación urgente por parte de la Policía y el Ministerio Público.

Las pesquisas, según fuentes judiciales, apuntaron rápidamente a dos menores de edad como presuntos autores materiales del ataque. Hoy ambos enfrentan cargos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada. En ese contexto, ayer el Poder Judicial les dictó la prisión preventiva, lo que significa que permanecerán encerrados mientras avanzan las investigaciones.

La gravedad del caso y el uso de explosivos fueron determinantes para que la Fiscalía solicite la medida restrictiva, que normalmente no se aplica a menores. La reciente promulgación de la Ley 32330 ha cambiado el panorama legal.

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El agraviado recibió un manuscrito de extorsión en su vivienda.

NUEVA NORMA

La Ley 32330, promulgada en abril, establece que los adolescentes de entre 16 y 17 años podrán ser juzgados como adultos si cometen delitos graves. Esta norma fue planteada como respuesta al creciente uso de menores por parte de mafias criminales que, aprovechando su inimputabilidad, los incorporaban como extorsionadores, sicarios o ‘marcas’.

Con esta ley, se busca frenar esa tendencia. Y La Libertad se ha convertido en uno de los primeros escenarios de su aplicación real.

CERRADO

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Días antes del caso de Julcán, Trujillo ya había sido testigo de la aplicación de la Ley 32330. El 14 de mayo, un menor de 16 años fue detenido como presunto autor de una extorsión contra su vecina, una comerciante del asentamiento humano Nuevo Florencia, en el distrito de El Porvenir.

La agraviada denunció haber recibido un manuscrito con amenazas y el número de celular al que debía llamar para coordinar la entrega de S/ 8000. El número en cuestión (938 525 423) fue rastreado por la Policía y vinculado a un teléfono que también contenía otra línea, registrada a nombre de una mujer llamada Selene.

Cuando los investigadores preguntaron a la comerciante si conocía a Selene, esta respondió afirmativamente: era su vecina. En la misma vivienda residía el hijo de Selene, un adolescente de 16 años que terminó siendo retenido tras las diligencias como presunto autor del delito.

Ese caso fue histórico. Por primera vez, un menor en Trujillo fue enviado a prisión preventiva por un delito de extorsión, aplicando la nueva ley que rompe con la lógica anterior del sistema juvenil. Hoy, el adolescente permanece recluido mientras se realiza la investigación preparatoria.